La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Argentina modificar su legislación en cuanto a la penalidad para los delitos de injurias y calumnias.
El máximo tribunal del continente precisó entonces que las condenas por calumnias e injurias iniciadas por funcionarios del Estado "son ambiguas y violan la libertad de expresión".
Lo hizo en el marco del caso del periodista Eduardo Kimel, condenado por criticar en un libro sobre la -Masacre de San Patricio- la actuación del juez Guillermo Rivarola durante la última dictadura militar.
"La opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo", puntualizó el tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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